En los últimos años existe una tendencia creciente - por parte de la Administración Forestal del Estado (AFE) y otras dependencias gubernamentales - a limitar los derechos de los propietarios privados a cosechar sus árboles, primero fue con los bosques, luego con los árboles regenerados en terrenos de uso agropecuario sin bosque o los árboles remanentes de los bosques y hoy esta tendencia parece ir también hacia los árboles plantados e incluso en pequeños lotes y áreas urbanas.
Hoy en nuestro país se exagera la importancia de los árboles, algunas personas se rasgan las vestiduras por la corta de un árbol -cualesquiera que sea su especie y ubicación-, pues creen que su corta afectará los acuíferos, deteriorará el suelo, aumentará el riesgo de inundaciones, se perderá la biodiversidad, alterará la belleza escénica, deteriorará los valores culturales y se trastornará el clima. Todos parecen estar convencidos de estos peligrosos impactos, pero muy pocos se preocupan de la contaminación que produce su tanque séptico en los mantos acuíferos, la basura que generan o los detergentes que corren diariamente por los drenajes de su casa.
Ante este panorama y frente a las denuncias sobre corta de árboles o tala ilegal, la AFE en vez de identificar y castigar a los responsables de los ilícitos, impone más restricciones al aprovechamiento o cosecha de los árboles con fines de producción de madera, afectando directamente a quienes están dispuestos a respetar el ordenamiento jurídico, pues a quienes no lo hacen, no les afecta. Esto desde luego genera gran incertidumbre, como plantar árboles y hacer inversiones importantes, si no existe certeza de poderlos cosechar en el futuro. Algunos ejemplos de esto son:
I. Desde finales de los noventas, existe prácticamente una veda administrativa al aprovechamiento de madera en bosques mediante planes de manejo, en los últimos años menos del 6% del consumo nacional de madera se abastece de estos ecosistemas.
II. Desde el 2002, en abierta contradicción a lo establecido en la Ley Forestal, mediante decreto ejecutivo se suspendió el pago de servicios ambientales al manejo de los bosques, aduciendo que como los propietarios recibían ingresos por la venta de la madera, no tenían derecho a recibir el PSA, sin valorar si estaban prestando o no los servicios ambientales.
III. La AFE solo permite la corta de un máximo de tres árboles por hectárea por año en terrenos de uso agropecuario sin bosque, limitando con esto a muchos propietarios de tierras el establecimiento de plantaciones forestales y de otros cultivos agrícolas que requieren la eliminación completa de sombra. Esto a pesar de que esta limitación –artículo 27 de la Ley Forestal- fue establecida solo a los permisos otorgados por los Consejos Regionales Ambientales.
IV. A finales de octubre se publicó un decreto ejecutivo que suspende el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal en el Cantón de Talamanca, hasta tanto no se realice un estudio que demuestre el impacto de esta actividad en el ambiente. Tal decisión no tiene sustento legal, pues para decretar una veda deben ser cumplidos una serie de requisitos establecidos en la Ley Forestal y su Reglamento.
V. Se discute en la AFE – específicamente en el Área de Conservación Tempisque, ACT- una resolución administrativa para establecer una restricción por tiempo indefinido al otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal para varias especies maderables, ubicadas en bosques y terrenos de uso agropecuario sin bosque, desde luego sin cumplir los requisitos mencionados en el punto anterior.
VI. Mediante el decreto ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MAG-MEIC del 28 de junio del 2004, se publicó el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual en abierta contradicción con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece como actividades sujetas al proceso de evaluación ambiental para las cuales no existen leyes que así lo soliciten – Anexo Nº 2- la extracción de madera en bosques y por si fuera poco en el anexo 3, Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), se incluyen las áreas con cobertura boscosa natural. Esto obliga a los propietarios del bosque a incurrir en gastos adicionales para poder acceder al recurso forestal.
VII. Algunas organizaciones y grupos ecologistas, quizá con muy buenas intenciones, pero sin conocimiento técnico práctico de la materia, están tratando de impedir que los propietarios aprovechen los árboles de almendro amarillo caídos naturalmente.
VIII. La excesiva regulación del aprovechamiento de árboles en bosque, terrenos de uso agropecuario sin bosque e incluso en sistemas agroforestales y árboles plantados y la falta de homogeneidad en la aplicación de la normativa en las diferentes oficinas de la AFE-SINAC, hacen que cada vez sea menos atractivo plantar árboles, cuidar la regeneración natural y proteger los bosques.
Que motivación tendrá un finquero que no puede lucrar con el turismo o acceder a un PSA, para proteger el bosque, sembrar o cuidar los árboles en estas condiciones?.
Como decía un conocido político “Uno es dueño de la tierra hasta que se le ocurre sembrar árboles o permitir la regeneración de los bosques, a partir de allí, otros deciden por uno".
La AFE – SINAC – debe contribuir a asegurar un justo balance entre la preservación y el uso sostenible de los bosques y los árboles. Cuando se trata de parques nacionales y reservas biológicas u otras categorías de manejo similares, no existe dificultad para adoptar estas decisiones, no obstante en terrenos de dominio privado, estas decisiones deben ser cuidadosamente adoptadas, ya que tienen severas implicaciones para los dueños de la tierra y para el recurso forestal.
Finalmente, es relevante mencionar que la producción sostenible de madera no es prioritaria dentro del SINAC, pues desde su creación se han venido abandonando una serie de programas y proyectos de fomento forestal, la producción de semillas y material mejorado, las plantaciones forestales, el apoyo a los programas de desarrollo campesino, la extensión forestal, y el control de plagas y enfermedades, entre otros. Dada esta situación, existe un fuerte interés de algunas organizaciones y empresarios forestales de que se revise y adecue la estructura operativa de la AFE - SINAC.
Autor: Alfonso Barrantes Rodríguez, Oficina Nacional Forestal (ONF). |
