Recorte de Hacienda va contra programas y compromisos del propio Gobierno

País incumpliría metas ambientales a partir del 2010

Para el 2010 el Ministerio de Hacienda sólo giraría el 65% de los recursos que le corresponden por ley al Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Estimaciones del sector forestal demuestran que el PSA colapsará, imposibilitando la consecución de los compromisos ambientales adquiridos por el país, como ser carbono neutral para el 2021.

La pretensión del Ministerio de Hacienda de trasladar sólo un 65% de los recursos que por ley corresponden a la conservación y al aumento de cobertura forestal haría que el país incumpla sus compromisos ambientales a partir del 2010, colapse la sostenibilidad del Pago por Servicios Ambientales (PSA) y desarticule planes estrella del propio gobierno, como Paz con la naturaleza, la Estrategia de Cambio Climático y el objetivo de ser carbono neutral para el 2021.

La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria establece que el 3,5% del impuesto único a los combustibles debe destinarse al financiamiento del PSA. Según estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, ese porcentaje corresponde a ¢11.219 millones para el 2010; sin embargo, esa cartera incluyó transferencias sólo por ¢7.336 millones dentro del proyecto de ley de Presupuesto Nacional enviado a la Asamblea Legislativa.

El PSA es un reconocimiento financiero a los propietarios de bosques y plantaciones forestales para incentivar la conservación y siembra de árboles y, de esta forma, retribuir los servicios ambientales que proveen (captura de C02, protección del agua, la biodiversidad y la belleza escénica). El PSA es administrado por el estatal Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).

En el proyecto Ecomercados II –financiado con fondos del Banco Mundial y otros organismos, para pago de servicios ambientales— el gobierno de Costa Rica se comprometió a aportar una contrapartida para asegurar el pago a 57.600 hectáreas nuevas, como mínimo por año. En la situación actual esta meta no se cumplirá.

Para el 2010 los fondos disponibles para PSA corresponden a ¢15.895 millones (incluyendo la transferencia del Ministerio de Hacienda, los fondos de Ecomercados II y un superávit acumulado por el Fonafifo). De estos recursos, ¢2.734 millones se destinarán a gastos administrativos y ¢11.338 millones a la liquidación de cuotas de PSA adquiridas en años anteriores.

Sólo se podrán destinar ¢1.823 millones para incorporar nuevas cuotas de PSA, que equivalen a la protección de 23.358 hectáreas, poco más de un tercio de las 57.600 a las que el Estado se había comprometido.

“En el 2011 la situación es aún más alarmante. Sin superávit del Fonafifo, no sólo se acabará el dinero para nuevos proyectos de PSA, sino que tampoco se podrá cumplir los compromisos adquiridos. Estimamos que se tendrá un déficit de ¢1.848 millones, el cual se incrementará exponencialmente cada año”, manifestó Alfonso Barrantes, director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal (ONF).

C neutralidad en peligro

En la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Costa Rica adquirió el compromiso de ser carbono neutral para el año 2021. Esta meta implica reducir las emisiones de carbono que libera el país (incluyendo el uso de materiales de menor huella de carbono) y capturar el dióxido de carbono mediante nuevos bosques y el cultivo de árboles..

Hasta la fecha, el PSA ha logrado proteger 626.498 hectáreas de bosque –casi el 11% del territorio nacional— y ha propiciado la siembra y cuido de más de 35 millones de árboles.

“El PSA es el programa que genera mayor siembra de árboles y la recuperación de los bosques en el país y, por tanto, es el que más contribuye a mitigar las emisiones de carbono producidas. Recortar los recursos que le corresponden por ley significa colapsar el programa, con las consecuencias negativas que esto implica en el cumplimiento de la C neutralidad para el 2021”, afirmó Sebastián Ugalde, director ejecutivo de la Cámara Costarricense Forestal.

Recortes en Hacienda obedecen a criterios arbitrarios

En el presupuesto nacional del 2010, el Ministerio de Hacienda sólo giraría el 80% de los destinos específicos –asignados por distintas leyes a través de impuestos— a las organizaciones y programas correspondientes.

Sin embargo, los recortes no fueron aplicados equitativamente entre todas las entidades. Del impuesto único a los combustibles, ¢69.717 millones deben ser otorgados al Consejo Nacional de Vialidad, ¢23.239 millones a las municipalidades y ¢3.205 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. A todas estas organizaciones se les asignó el monto correspondiente.

En el caso del PSA el panorama es distinto, pues el Ministerio de Hacienda sólo transferirá 65% de lo recaudado.

Otras entidades fueron favorecidas con un presupuesto mayor, como el Poder Judicial, al cual le correspondían ¢160.015 millones, pero el monto estipulado en el presupuesto nacional es de ¢230.946 millones, es decir, un 44% adicional.

“Con respecto al PSA, la deuda del gobierno es aún mayor. Además de los ¢3.882 millones que no se girarán el próximo año, entre el 2005 y el 2009 se dejó de transferir al programa unos ¢4.000 millones”, aseveró Barrantes.