En la sesión ordinaria Nº 14, de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, celebrada el 13 de setiembre, se archivó el expediente 19.730, “Ley para evitar conflictos de interés en la ONF y FONAFIFO”, propuesto por el Diputado Mario Redondo.
Este proyecto de ley, tenía como objetivo reformar la integración de la Junta Directiva de la Oficina Nacional Forestal y de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), de manera tal, que se limitaba la representación de los pequeños y medianos productores forestales.
De acuerdo con el dictamen, el proyecto de ley fue rechazado por unanimidad siguiendo la recomendación de la subcomisión integrada por los diputados Hayling Carcache, Esquivel Quesada y Cambronero Arguedas, el cual concluye:
1. La designación de los miembros que conforman la Junta Directiva de la Oficina Nacional Forestal, lleva un proceso transparente en donde sus miembros son elegidos por cada sector, en sus asambleas.
2. Los argumentos indicados en las audiencias, tanto del Fonafifo, de la ONF, así como las respuestas de las entidades consultadas, en su mayoría, se oponen a esta reforma, ya que la representación en la Junta Directiva de FONAFIFO no es desproporcionada.
3. Los dos representantes del sector público en la junta directiva de Fonafifo son de alto nivel, lo mismo que el representante del Sistema Bancario Nacional.
4. Se denota que no existe tal representación desproporcionada, ya que los representantes de la Oficina Nacional Forestal, no pueden actuar en forma individual, sino siguiendo acuerdos de la Junta Directiva, previamente establecidos en sus reglamentos.
5. Se considera importante que la composición de la junta directiva, debe mantenerse de la manera como ha funcionado hasta el momento, ya que es de vital importancia la participación de pequeños y medianos sectores productivos, sector que conoce bien la problemática y sus necesidades en al ámbito forestal.
Además en las comparecencias la ONF, FONAFIFO, MINAE, MAG y CCF fueron contundentes y coherentes, como también lo fueron las respuestas escritas del Colegio de Ingenieros Agrónomos y otros, lo que permitió demostrar las debilidades y falacias del proyecto de ley.